Pagar Peaje es Violar la Ley

Por medio de la prensa escrita y en declaraciones, hemos escuchado manifestaciones sobre la realidad de los peajes que no cuadran con la verdad, y que además nos preocupan sobremanera por la situación que quieren aparentar, haciendo ver que estos mecanismos de empresas privadas son necesarios en las carreteras venezolanas. Así lo señaló Juan Bautista García, miembro de la coordinación nacional de contralores sociales y promotor general en el estado Mérida, quien manifestó que estas protestas son consideradas desde todos los puntos de vista ilegales, por varias razones. Primero, porque estos peajes ya desde el año 99, cuando se promulgó la nueva Constitución, que fue elegida por el pueblo venezolano, fueron eliminados en el artículo 50 de esta carta magna, luego apareció la Gaceta Oficial 38077 del 01 de diciembre de 2004, en la que también reza sobre la eliminación de los mismos, después aparece la Ley de Tránsito Terrestre que en su artículo 92 igualmente habla sobre la eliminación de estos peajes, pero como siempre ocurre a estas nuevas leyes y disposiciones, nadie les ha hecho caso, y los dueños y empresarios de estos peajes pasaron por encima de las leyes y continuaron cobrando en los peajes de manera ilegal y brutal, encareciendo productos y regresando camiones con sus cargas, por el hecho, entre otros, de quedarse sin efectivo o en su defecto porque se les reclamaba a los taquilleros sobre el excesivo monto en los cobros, situación en la cual el conductor siempre salía perdiendo. Lo importante ahora, dijo García, es hacerle saber al pueblo y comunidad en general que estos peajes, como lo dicen los boletos, no son del gobierno, éstos pertenecen a compañías privadas, es decir, son concesiones que se otorgan a diez o veinte años, y a raíz de esto, los señores se han creído una especie de dueños de todas a las carreteras a escala nacional, haciendo lo que les viene en gana, creyéndose supremos hasta el punto de violar cualquier tipo de ley, como ha ocurrido con la Constitución nacional y la Ley de Tránsito Terrestre. “Ellos tan solo hacían valer estos contratos brutales e ilegales firmados a espaldas del pueblo, como fueron los contratos de concesión, refrendados por gobernadores lacayos y entreguistas, donde el único perjudicado es el pueblo”. A razón de todo esto, continuó diciendo Juan García, estas empresas han creado desempleo, y es entera responsabilidad de éstas responder ante los trabajadores, para solventar los problemas que se encuentran confrontando, creando alternativas válidas de trabajo con otras empresas que ellos poseen. Además, la nómina mayor de los peajes sabía muy bien que ellos se encontraban en la cuerda floja y actuaban como cómplices de una actividad ilegal y brutal, como era el funcionamiento de estos peajes; entonces, ahora no vale que vengan a decir que son desempleados inocentes. Ellos saben muy bien que por otros costados del estado habían sido eliminados otros peajes, que como este último de la carretera hacia El Vigía, se encontraban infringiendo las leyes, según acotó García. A fin de cuentas, señaló García, estas empresas hacían mucho daño al pueblo, a la economía del país y en muchas otras cosas, en las cuales el afectado siempre ha sido el soberano, situación por lo demás injusta, ya que además estos trabajadores de los peajes siempre contaron con el apoyo de funcionarios públicos que en ocasiones humillaron y maltrataron a personas y masas trabajadoras del país.